BBVA abre la puerta a acudir a los tribunales si el Gobierno endurece las condiciones de la opa

«La ley es bastante clara en su espíritu a este respecto», expresó con seguridad durante una entrevistaen Onda Cero. Es decir, considera -como algunos analistas jurídicos, donde el debate lleva semanas sobre la mesa- que la intervención pública en operaciones puramente empresariales se ideó, precisamente, para sacar adelante concentraciones que Competencia pueda impedir. Es decir, interpretan que el Gobierno solo puede intervenir en la segunda fase de una operación de este tipo si la CNMC pone condiciones o veta la misma, pero no cuando la aprueba. «Cabría también la posibilidad de que, según las condiciones, podríamos aceptarlas, o aceptarlas y poner un recurso ante la Justicia», insistió Torres.

El directivo volvió a defender los 'remedies' ya adquiridos que permitieron el visto bueno de la CNMC a su oferta a BBVA. «Con los compromisos adquiridos por el BBVA, los beneficios para los clientes son mucho mejores«, indicó. El banco, de hecho, siempre ha defendido que lo pactado con el regulador va más allá de posibles riesgos de competencia, abordando también los factores de interés general que más preocupan al Gobierno, como la inclusión financiera o la cohesión territorial.

Pese a ello, el consenso descuenta desde hace semana nuevas trabas a una oferta que hace ya tiempo que se ha visto inmersa en el barro político. «No quiero contemplar un escenario así, sería muy mal escenario para BBVA, para Cataluña, para España y para Europa. Sería muy malo impedir que en contra del interés general se impida que los accionistas decidan», añadió.

Y en un sorprendente giro, Torres desveló una «abrumadora mayoría» que respondió que la opa no va en contra del interés general en la consulta pública lanzada por el Ejecutivo que no era vinculante, pero sí ayudó a tomar la decisión de elevar la operación al Consejo de Ministros.

Las declaraciones públicas del banquero no han sentado nada bien en el Ministerio de Economía, que prefiere no hacer comentarios de momento. Cabe recordar que el ministro Carlos Cuerpo se comprometió a hacer públicos los resultados de un informe que, según se desprende de las palabras de Torres, ya estaría terminado y en manos de los interesados.

«Como parte del procedimiento hemos tenido acceso a los datos de la consulta, quizás no debería hacerlo públicos yo, nos ha sorprendido que el nivel de respuesta ha sido inferior al que esperábamos, indica que no les afecta (a los ciudadanos)», certificó Torres. «Hemos visto una abrumadora mayoría de respuestas negativas que consideran que no hay impacto en interés general», insistió.

En este punto, Torres hizo un alegato de la mayor operación financiera de los últimos tiempos y aseguró que «no puede ser hostil presentarle una propuesta tan atractiva a los accionistas que siempre pueden decir que no». Sin embargo, sí reconoció que la percepción que se ha generado es que Cataluña va a perder Sabadell, cuando -prometió- va a seguir estando ahí y van a seguir invirtiendo en Cataluña. «No hay nada en contra pero los sentimientos hay que entenderlos», admitió. No obstante, reiteró: «Esto no es una operación de reducción, es una operación de crecimiento».

Torres también quiso restar importancia al que podría ser el último movimientos de defensa del Sabadell frente a la opa: la venta de la filial británica TSB. La entidad vallesana ya ha confirmado que ha recibido manifestaciones de interés para adquirir su filial británica, matizando que no se trata ni de ofertas vinculantes ni de un movimiento que haya partido del banco, lo que implicaría violar el deber de pasividad que establece la ley de opas.

Consideró que no es el «momento idóneo» para que Sabadell acometa un proceso de venta de un «activo tan relevante» como TSB en estos momentos y aseguró que ese movimiento no tendrá «ninguna incidencia» en la oferta ni en el precio que ha puesto sobre la mesa por Sabadell. En todo caso, el banquero recordó que el precio está expresado en acciones de BBVA y que en él se ha tenido en cuenta el valor, «bastante elevado», de TSB.

Entre los posibles interesados estarían las principales entidades británicas (Barclays, Natwest y HSBC), además de Santander UK. «Se desconoce el precio ofertado preliminarmente por TSB, pero la prensa especula con un rango de 2.000 millones-2.350 millones de euros», apunta el departamento de análisis de Bankinter. Una cifra que permitiría presentar mayor músculo para, por ejemplo, el pago de dividendos, en el plan estratégico que la entidad planea presentar a sus accionistas en las próximas semanas.

Según los analistas, con el rango de precios que se maneja, sabadell obtendría en torno a un 13% de su capitalización bursátil con la venta, una cifra similar a la aportación de la filial a los resultados del banco (253 millones de euros en 2024). «La buena noticia es que, en una eventual venta, sabadell podría obtener más de 200 millones en plusvalías (netas de impuestos)», explican.

La idea del Sabadell pasaría por acelerar este proceso para contar con ofertas vinculantes antes de que se inicie el periodo de aceptación de la opa de BBVA entre los accionistas. «Si el Consejo de Administración pensara que hay ofertas por TSB que generen valor para el accionista, se convocaría Junta de Accionistas para plantear esta posibilidad, sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones legales. El Consejo no plantearía esta posibilidad sobre TSB si la operación no generase valor para el accionista«, explicó en el miércoles el presidente del Sabadell, Josep Oliu.

La ley de opas establece, en concreto, que las entidades que reciban una oferta de compra no podrán proceder a la «enajenación, gravamen o arrendamiento de inmuebles u otros activos sociales, cuando tales operaciones puedan impedir el éxito de la oferta». Pero se libran de esas líneas rojas aquellas operaciones que sean autorizadas «de forma expresa» por la Junta General de Accionistas.

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En todo caso, los plazos de esa vía como medida para torpedear la opa de BBVA son extremadamente ajustados. Cabe recordar que la Ley de Sociedades de Capital establece que la junta debe convocarse con un mínimo de 30 días o de 15 días si se posibilita la asistencia online de los accionistas. Y, con el previsible calendario de la opa, la operación de TSB tendría que suceder de forma exprés para llegar antes de que llegue el periodo de aceptación, cuando los accionistas decidirán si aceptan o no la opa de BBVA. Esos tiempos tan ajustados podrían, de hecho, imprimir cierta presión para que los bancos interesados en TSB 'aprieten' al Sabadell vía precio, ofreciendo un valor menor al que se podría conseguir si las prisas por cerrar la venta no estuvieran sobre la mesa.